|
| | |
|
| | | |
|
Sostenibilidad urbana y patrimonio cultural: un
enfoque multidimensional
Ecotropía
(Barcelona).
El desarrollo sostenible tiene, claramente, una
dimensión global. Sin embargo, cada vez más, se reconocen las interacciones
entre los procesos locales y globales. En particular, las ciudades son sistemas
abiertos que impactan en todas las otras áreas y en la tierra en conjunto. Se
ha realizado mucho trabajo sobre esta problemática (como la Agenda 21),
extendiendo la experiencia adquirida en algunas ciudades bajo el programa UNESCO MAB. En el contexto europeo,
por ejemplo, varios países se están enfrentando con una fase de
reestructuración y transición dramática. Pero el objetivo de hacer Europa más
competitiva en los aspectos económicos puede tener consecuencias negativas,
tanto sociales como medioambientales (Cocossis y Nijkamp, 1995; Comisión
Europea, 1996).
¿Porqué proponer una metodología multidimensional cuando podría haber un
único índice físico para valorar si el impacto humano en el ambiente es
excesivo? Por ejemplo, a través del concepto de capacidad de carga, tal y como se define en ecología, es decir, la
población máxima de una especie concreta que puede apoyarse indefinidamente en
un territorio concreto sin estropear su base de recursos.
Begon et al. (1996) dicen claramente que incluso para los
animales, la capacidad de carga es «un concepto idealizado que no tiene que ser
tomado literalmente en la práctica». Autores expertos en biología y en el
problema del crecimiento de la población, como Paul Ehrlich y sus
colaboradores, se han dado cuenta de las limitaciones de la noción de la
capacidad de carga aplicada a los humanos. Por esta razón, propusieron la
formulación I = PAT dónde I es
el impacto humano en el ambiente, P
es la población humana, A es el
estilo de vida, y T es la
tecnología.
La definición de capacidad de carga no es pertinente para los humanos, por
varias razones. Primero, hay que considerar la habilidad humana de establecer
grandes diferencias en el uso de energía exosomática; así que la pregunta debe
ser ¿la población máxima, a qué nivel de consumo? Segundo, las tecnologías
humanas cambian a un ritmo mucho más rápido que en otras especies (por ejemplo,
el transporte es de suma importancia para determinar el número de personas que
pueden disfrutar de una calidad razonable de vida urbana). Tercero, los humanos
competimos con otras especies, y dentro de la especie humana, el territorio es
socialmente y políticamente construido. El comercio, por ejemplo, puede verse
como la apropiación de la capacidad de carga de otros territorios.
El crecimiento urbano implica una tasa de intercambio entre las economías de aglomeración (o
externalidades positivas) como las economías de escala y sueldos más altos y
externalidades negativas como, por ejemplo, la densidad de la población y el
decaimiento medioambiental. Es probable que los problemas de calidad
medioambientales sean más severos con el crecimiento de una ciudad; sin
embargo, factores como el uso de la tierra, el sistema de transporte y la
planificación espacial de una ciudad también son factores críticos para
determinar la capacidad de carga urbana. Al tratar con sistemas complejos que
operan en varios niveles jerárquicos, la existencia simultánea de valoraciones
científicas correctas pero en conflicto entre ellas, tiene que ser aceptada
(Giampietro, 1994).
Para dar un ejemplo simple, consideremos el problema de la forma urbana.
Comúnmente, se acepta que una ciudad compacta tiene menos impacto
medioambiental que una ciudad difusa. Si hay una gran presión de la población,
sólo teniendo en cuenta el punto de vista medioambiental, sería mejor tener a
las personas en ciudades compactas que alrededor de todo el territorio
regional. Pero si estamos usando un índice sintético de impacto medioambiental,
por ejemplo, la huella ecológica (Wackernagel y Rees, 1995), éste será
ciertamente muy grande para una ciudad compacta y bastante imprevisible en el
caso de una ciudad difusa. En este último caso, los cómputos dependerán
crucialmente de lo que será considerado una área metropolitana homogénea para
ser evaluada (¿por medio de qué criterio de definición?). Si se considera el
concepto más general de calidad de vida, probablemente muchas personas
defenderían que ellos perciben una mejor calidad de vida viviendo en casas con
jardines que en un piso.
Las connotaciones de los sistemas urbanos complejos son entidades que
cambian su identidad según la escala espacial jerárquica particular en la que
ellos se describen; es decir, el estudio de un barrio dentro de una ciudad, o
de la unidad administrativa que constituye un Ayuntamiento, o del área
metropolitana dan visiones y sugerencias políticas completamente diferentes y
contrastantes. Así, si nosotros consideramos, por ejemplo, la escala jerárquica
Ayuntamiento de Barcelona, la afirmación de que la calidad de vida es siempre
más alta parece ser correcta (o por lo menos esta percepción es compartida por
la mayoría de sus habitantes). Si nosotros miramos el área metropolitana
entera, la misma afirmación probablemente no es tan verdadera (visto que, para
dar un ejemplo, la mayoría de las actividades contaminantes se ha transferido
del centro de la ciudad a la periferia).
Sin embargo, conceptos como la capacidad de carga urbana y la huella
ecológica son un ejemplo de reduccionismo ecológico, ya que los aspectos
socio-económicos y culturales se ignoran completamente (por ejemplo,
transformar el «Colosseo» en una área arbolada, ¡mejoraría la huella ecológica
de Roma!).
Ha habido varios intentos de desarrollar sistemas multidimensionales de
indicadores de sostenibilidad urbanos (CEROI,
ICLEI, y muchos otros), sin embargo, no
existe ningún acuerdo unánime sobre un sistema específico. Otro problema
importante para las políticas que cabe enfatizar es que a menudo, cuando se
considera una ciudad específica, algunos indicadores mejoran mientras otros
deterioran. ¿Cómo pueden agregarse tales indicadores? Veremos más adelante, que
ésta es la situación de conflicto clásica estudiada en la evaluación
multi-criterio.
Instrumentos económicos para las
políticas sobre el patrimonio cultural
El desarrollo urbano implica la creación de nuevos recursos por lo que se
refiere a las estructuras físicas, sociales y económicas. Al mismo tiempo, como
en cualquier proceso de «destrucción creativa», recursos físicos, sociales y
culturales tradicionales derivados de nuestra herencia histórica pueden
desaparecer. Los monumentos representan parte de la herencia histórica,
arquitectónica, y cultural de un país o ciudad, y normalmente no ofrecen una
contribución productiva directa a la economía. Los réditos turísticos, estando
basados en el valor de uso mostrado en el mercado, pueden reflejar parte del
interés de la sociedad en la conservación del monumento y/o su restauración.
Sin embargo, en varios casos uno puede observar una situación en que el turismo
de gran escala afecta la calidad de una herencia cultural (por ejemplo,
Venecia) en lugar de contribuir a su preservación.
Hay que considerar que es imposible hablar sobre el concepto de «valor
económico» como un valor objetivo y éticamente neutro. De hecho, la pregunta
fundamental es: ¿valor para qué? Si el objetivo es, por ejemplo, limitar el
número de visitantes imponiendo el pago de una entrada para reducir la presión
turística en Venecia y usar el dinero recaudado para mantener la herencia
cultural de la ciudad, razonar en términos del valor de uso tiene mucho
sentido.
Sin embargo, hay que considerar que la «escasez relativa» de un peculiar
bien económico como Venecia, provoca que los turistas estén dispuestos a pagar
el precio de la entrada por alta que sea. Así, el instrumento económico «precio
de la entrada» será útil para recaudar dinero pero no para reducir la presión
turística. Como consecuencia, la única política efectiva es establecer un
número máximo de visitantes permitido por día. Pero hay que notar que una cuota
de visitantes sólo puede establecerse en términos pragmáticos y muy
difícilmente con computaciones científicas.
Ahora vamos a una pregunta más fundamental: ¿las personas que no visitan
Venecia, pueden tener interés en su preservación? Si la respuesta es «sí», el
concepto de «valor económico total» se convierte inmediatamente en pertinente.
Atribuir valores monetarios a la herencia histórica implica capturar el valor
de uso real, de opción (quizás un día iré), de herencia
(quizás mis hijos irán) y el valor no conectado a ningún uso presente o futuro
de existencia.
Evidentemente, computar el valor económico total no tiene nada que ver con
un idealizado «valor verdadero». Toda valoración monetaria sufrirá de
incertidumbres profundas como: ¿qué técnica de valoración monetaria tiene que
ser usada? ¿Qué horizonte temporal tiene que ser considerado? ¿Qué tasa de
descuento social?
Un problema importante aquí es, ¿podemos usar los valores económicos como
una herramienta de decisión social para las políticas de herencia cultural? Si
la respuesta es «sí», el análisis coste-beneficio (ACB) es el instrumento apropiado.
El ACB se basa en la asunción de que pueden expresarse objetivos diferentes en
un común denominador por medio de tasas de intercambio, de manera que las
pérdidas en uno de los objetivos puede evaluarse respecto a las ganancias en
otro. La medición de los costes y beneficios sociales se basa en el
«principio de compensación» asociado con
los nombres de Hicks y Kaldor.
Por este principio, el costo social de un proyecto se define como la suma
de dinero que es adecuado pagar como compensación para restaurar, a su nivel
anterior, la utilidad de todas las personas que pierden como resultado del
proyecto en cuestión. Este principio es el fundamento del coste-beneficio, el
exceso de ganancias con respecto a la compensación requerida es igual a los
beneficios netos del proyecto (Munda, 1996).
Al tratar con la herencia cultural, en mi opinión, hablar de substitución y
compensación pierde cualquier significado. ¿Qué suma sería adecuado aceptar en compensación
por la destrucción de la Estatua de la Libertad o el «Colosseo»? Podríamos
argumentar que, de manera semejante a la política medioambiental, la presencia
de irreversibilidad y de incertidumbre implica transformar el principio de
compensación en el principio de
precaución (es más prudente una actitud conservacionista). Este principio
implica claramente que la sociedad en su conjunto (y entonces principalmente
los no-expertos), fuera del sistema económico, decidiría la cantidad de capital
cultural deseada. De hecho, en la historia humana ninguna sociedad ha tenido en
cuenta la eficiencia económica al construir, por ejemplo, una catedral. Esto es
hoy día bastante evidente en Barcelona con la Sagrada Familia. Aunque la
mayoría de los «expertos» está de acuerdo en que no debe completarse, la
sociedad (es decir los no-expertos) siente un fuerte compromiso con su
construcción, quizás porque hay una percepción compartida de su valor simbólico
por lo que se refiere a la identificación catalana.
Des de un punto de vista económico, el único instrumento útil en este contexto es el
coste-efectividad: dado un cierto objetivo medido en valor físico
(cantidad máxima de turistas, cantidad de monumentos que se quieren preservar,
… ), es racional intentar conseguirlo por medio del uso más bajo posible de
recursos (es decir, al coste mínimo). Esto se reconoce explícitamente en muchos
casos de gestión medioambiental, como por ejemplo, las normas de calidad de
agua negociadas totalmente legalmente entre los agentes afectados (Funtowicz et
al., 1999).
Esto implica que, en general, hay dos ordenamientos sociales posibles:
1. según el coste más bajo,
2. según el límite físico (cuantos más monumentos se conservaron, tanto
mejor).
Quizás la discusión llevaría a la evaluación de que la mejora de un límite
físico vale el coste económico extra. O quizás la evaluación podría ser que,
dados los costes, es preferible el peor límite físico. En ambos casos
tendríamos un ordenamiento distinto de los estados sociales. Se podría llegar
al caso de que un ordenamiento único fuera imposible; entonces, el coste-efectividad
se transformaría en la comparabilidad
débil (Martínez-Alier et al., 1998) implementada por la
evaluación multi-criterio; es decir, 2
criterios y 2 ordenamientos diferentes deben tomarse en cuenta explícitamente.
De la discusión anterior se puede llegar a la siguiente conclusión. Poner
precio al patrimonio cultural, que normalmente está infravalorado o
completamente no valorado en el mercado, da un signo positivo a la sociedad y
puede contribuir a un uso más racional que aumente las oportunidades para la
conservación de nuestra herencia cultural. Cuando uno desea conservar un
monumento o un edificio antiguo, una pregunta fundamental es: ¿hay recursos que
la sociedad está dispuesta a asignar a este objetivo? Para contestar a esta
pregunta, el uso de técnicas como los precios
hedónicos, el coste del viaje o
la valoración contingente es deseable
y útil. Pero, uno debe recordar que el mercado sólo puede tener éxito en la
asignación eficiente de recursos pero no da ninguna garantía para la
preservación del patrimonio cultural o natural.
Cuando algo está en el mercado, puede comprarse o puede venderse; es decir,
la disponibilidad a aceptar compensación puede causar fácilmente la destrucción
de cualquier recurso. Por esta razón, cuando la incertidumbre y la
irreversibilidad están presentes, hay necesidad de cambiar el principio de
compensación por el de precaución. Al tratar con la herencia cultural, hablar
sobre substitución y compensación pierde cualquier significado. Des de un punto
de vista económico, el único instrumento útil es el coste-efectividad
que fácilmente se puede transformar en situaciones de conflicto típico del
análisis multi-criterio.
La evaluación multi-criterio social
(EMCS)
Cualquier problema de
decisión social se caracteriza por conflictos entre valores e intereses
que compiten, y diferentes grupos y
comunidades que los representan. Por ejemplo, en la gestión ambiental, las
metas de biodiversidad, los objetivos del paisaje, los servicios directos de
diferentes entornos como fuentes de recursos y como sumideros de desechos, los
significados históricos y culturales que los lugares tienen para las
comunidades, las opciones recreativas que proporcionan los entornos, son una
fuente de conflicto. Las diferentes dimensiones de valor pueden estar en
conflicto entre sí y dentro de sí mismas, y cualquier decisión otorgará
diferentes opiniones buenas y malas para los diferentes agentes, tanto en forma
espacial como temporal. ¿Cómo se deben resolver esos conflictos?
A lo largo de los últimos veinte años se han desarrollado y aplicado una
variedad de métodos multi-criterio de ayuda a la decisión, con el fin de
facilitar la organización de información tanto ecológica como económica, como
base para los procesos de toma de decisiones en materia ambiental (Beinat y
Nijkamp, 1998; Munda, 1995). Los métodos multi-criterio no asumen la
conmensurabilidad de las diferentes dimensiones del problema, ya que no proveen
un único criterio de elección. En este sentido, no existe la necesidad de
reducir todos los valores a la escala monetaria o energética, ayudando a
encuadrar y presentar el problema, facilitando el proceso de evaluación y la
obtención de acuerdos políticos. Nos encontramos, por tanto, ante un proceso de
aprendizaje iteractivo, entre los analistas y los agentes involucrados, en el
que se combinan aspectos formales (aquellos propios de la metodología
multi-criterio) con aspectos informales, representados por las percepciones, intereses
y deseos de los diferentes agentes inmersos en «juego».
Según Simon (1983), se debe hacer una distinción entre el concepto general
de racionalidad como una adaptación de los medios disponibles a los fines
perseguidos, y las diferentes teorías y modelos basados en una racionalidad que
es, o bien, sustantiva, o de procedimiento. Esta terminología puede ser usada
para distinguir entre la racionalidad de una decisión considerada en forma
independiente de la manera en que se lleva a cabo (en el caso de la
racionalidad sustantiva, la racionalidad de la evaluación se refiere
exclusivamente a los resultados de la elección) y la racionalidad de una
decisión relacionada con la manera en que se lleva a cabo (en el caso de
racionalidad procedimental, la racionalidad de evaluación se refiere al proceso
de toma de decisiones en sí mismo). Como consecuencia, es imposible basar la
validez de un procedimiento en un concepto de aproximación o en una propiedad
de convergencia matemática (Roy, 1985). Esta nueva forma de ver la racionalidad
implica un nuevo concepto de calidad.
¿Se puede mejorar la calidad de un proceso de decisión?
En la actualidad, los científicos se enfrentan a problemas introducidos a
través de políticas en las cuales es común que los hechos sean inciertos, los valores estén en conflicto, los
intereses sean altos, y las decisiones urgentes. Por lo tanto, Funtowicz y
Ravetz (1994) desarrollaron un nuevo marco epistemológico llamado «ciencia
post-normal», donde es posible usar dos aspectos cruciales de la ciencia en el
campo de la política: incertidumbre y conflicto de valores. El nombre
«post-normal» señala que las operaciones de la ciencia normal difíciles de
resolver, en el sentido Kuhniano, que con tanto éxito se extendían del
laboratorio de ciencia pura a la conquista de la naturaleza por medio de la
ciencia aplicada, ya no son más adecuados para resolver los problemas sociales.
Cuando se usa la ciencia en políticas, los profanos (por ejemplo, los
jueces, periodistas, científicos de otra esfera, o simplemente los ciudadanos)
a menudo dominan suficientemente la metodología para volverse participantes
efectivos en el diálogo. Esta extensión de la comunidad es esencial para
mantener la calidad del proceso de resolución de sistemas complejos. De este
modo, la apropiada gestión de la calidad se enriquece al incluir esta
multiplicidad de participantes y perspectivas. Los criterios de calidad en este
nuevo contexto presupondrán principios éticos. Pero en este caso, los principios serán explícitos y formarán parte del diálogo. «El asunto no radica
en si el mercado es lo único que puede determinar valor, puesto que los
economistas discutieron hace mucho tiempo otras formas de evaluación. Nuestro
interés está en la suposición que en cualquier diálogo, todas las evaluaciones
o “numeraires” deberían ser reducibles a un único estándar unidimensional
(Funtowicz y Ravetz, 1994, p. 198)».
Todos estos argumentos y convicciones me han llevado al desarrollo del
concepto de evaluación multi-criterio social (EMCS) (Munda, 2003), cuyo
fundamento metodológico es el reconocimiento de que:
- El uso de un
marco multi-criterio es una herramienta muy eficaz para llevar a cabo un
estudio multi/inter-disciplinario.
- La ciencia para
la política implica una responsabilidad de los científicos hacia la
sociedad entera y no sólo hacia un mítico tomador de decisiones.
- La participación
pública es un componente necesario pero no suficiente. Las técnicas de
participación social son una herramienta para mejorar el conocimiento del
problema bajo estudio y no para ser usadas en el proceso de evaluación sin
ningún filtro crítico. La participación social no implica falta de
responsabilidad de los científicos.
- Los juicios
éticos son componentes inevitables del proceso de evaluación. Estos
juicios siempre influyen en los resultados. Como consecuencia, la
transparencia en los supuestos usados es esencial.
- Claramente, las
matemáticas juegan un papel importante, es decir, para asegurar que los
ordenamientos obtenidos sean consistentes con la información y los supuestos
usados.
Conclusión: la sostenibilidad urbana
como un concepto multidimensional co-evolutivo
La sostenibilidad urbana depende, por lo menos, de cinco tipos de
capitales: el capital artificial, el
natural, el humano, el cultural y el social, y en la manera en que estos
capitales se combinan, es decir en su relación mutua. El desafío del desarrollo
sostenible urbano es el desafío de coordinar esta dinámica co-evolutiva. Por
consiguiente, se necesitan los indicadores monetarios pero también se necesitan
indicadores que pueden expresarse en unidades físicas y ordinales diferentes.
Una lección fundamental tiene que aprenderse: es imposible encontrar
factores de conversión científicos que puedan transformar las dimensiones
ecológicas, económicas y sociales en tierra así como en energía, dinero o
cualquier medida común se quiera utilizarse. Los indicadores ecológicos no
abordan los problemas socio-económicos. Al otro lado, los instrumentos
económicos ponen el énfasis en la eficiencia, olvidándose así, de las
dimensiones medioambientales, distributivas y culturales. Consecuentemente, un
marco multidimensional es de importancia vital para abordar los problemas
complejos que conllevan las políticas para el desarrollo sostenible (Archibugi
y Nijkamp, 1990,; Archibugi, 1997; Fusco-Girard y Nijkamp, 1997; Norgaard,
1994).
Hay que notar que la construcción de un proceso de evaluación depende de
asunciones muy fuertes sobre (1) el propósito de esta construcción, por ejemplo
para evaluar la sostenibilidad de una ciudad dada, (2) la escala geográfica de
análisis, por ejemplo un barrio dentro de una ciudad, la unidad administrativa
que constituye un Ayuntamiento o el área metropolitana entera y (3) el conjunto
de dimensiones (económicas, sociales, medioambientales, etc.), (4) los
objetivos e indicadores usados.
Un enfoque reduccionista puede así definirse como el uso de sólo un
indicador mensurable (por ejemplo, el producto urbano bruto por persona), una
dimensión (por ejemplo, la económica), una escala espacial de análisis (por
ejemplo, el Ayuntamiento), un objetivo (por ejemplo, la maximización de la
eficiencia económica) y un horizonte temporal. Como consecuencia, un proceso de
evaluación de políticas no es sólo un problema técnico; es principalmente, un
problema socio-político. Por esta razón es muy recomendable un enfoque
participativo para garantizar la calidad del proceso de evaluación.
Giuseppe
Munda profesor del Departamento de Economía e
Historia Económica de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Bellaterra, Barcelona.
REFERENCIAS
Archibugi F., Nijkamp P.: Economy and ecology: towards sustainable development, Kluwer,
Dordrecht, 1990.
Archibugi F.: The ecological city and the
city effect, Ashgate, London, 1997.
Begon M., Harper J. L.,
Townsend C.R. Ecology:
individuals, population and communities, Blackwell, Oxford (third Edition),
1996.
Beinat E. Nijkamp P., eds., Multicriteria
evaluation in land-use management: methodologies and case studies, Kluwer,
Dordrecht, 1998.
Van den Bergh J.C.J.M.,
Verbruggen H. – Spatial sustainability, trade and
indicators: an evaluation of the ecological footprint, Ecological Economics, 1999, 29: 61-72.
CEROI- Cities Environment Report on the Internet.
Cocossis H., Nijkamp P. (eds.): Planning for our cultural heritage,
Averbury, London, 1995.
Ecological Economics, Forum: The
ecological footprint, 2000, 32 (3): 341-394.
European Commission, Environmental Indicators and Green Accounting, 1996.
Folke C., Larsson J., Swetzer
J.: «Renewable resources appropriation by cities», En:
Costanza R., Segura O., Martinez-Alier J., eds., Getting down to Earth, Island Press, Washington, 1996, 201-221.>
Frey H.: Designing the city. Towards a
more sustainable urban form, E & FN SPON, London, 1999.
Funtowicz S.O., Ravetz J. R.: «The worth of
a songbird: ecological economics as a post-normal science», Ecological Economics 1994, 10, 197-207.
Funtowicz S., Martinez-Alier
J., Munda G. and Ravetz J.: «Information tools for environmental policy under
conditions of complexity», European Environmental Agency, Experts’ Corner 1999, Environmental
Issues Series, 9.
Fusco Girard L.: «The complex
social value of the architectural heritage», Icomos Information 1986,
1: 19-22.
Fusco Girard L., Nijkamp P.: Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile
della citta’ e del territorio, Franco Angeli, Milano, 1997.
Giampietro, M.: «Using
hierarchy theory to explore the concept of sustainable development», Futures 1994, 26 (6): 616-625.
Giampietro, M.: «The link
between resources, technology and standard of living: A theoretical model», En:
L. Freese, ed., Advances in Human
Ecology, JAI Press, Greenwich (CT), 1997, 6: 73-128.
ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives, 1995.
Martinez-Alier
J., Munda G., O’Neill J..:
«Weak comparability of values as a foundation for ecological economics»,
Ecological Economics 1998, 26: 277-286.
Munda G.: Multicriteria evaluation in a fuzzy environment, Physica-Verlag, Heidelberg, 1995.
Munda G.: «Cost-benefit
analysis in integrated environmental assessment: some methodological issues», Ecological Economics 1996, 19 (2): 157-168.
Munda G.: «Social multi-criteria evaluation (SMCE):
methodological foundations and operational consequences», European Journal of Operational Research 2002.
Nijkamp, P., Perrels A.: Sustainable cities in Europe,
Earthscan, London, 1994.
Norgaard R. B.: Development Betrayed, Routledge, London,
1994.
O'Neill, J.: Ecology, Policy and Politics, Routledge,
London, 1993.
Roy B. : Méthodologie multicritere d' aide à la
decision, Economica, Paris, 1985.
Simon H.
A.: Reason in Human Affairs.
Stanford: Stanford University Press, 1983.
Wackernagel, M. and W. E.
Rees:Our
ecological footprint: Reducing human impact on the earth, Gabriola Island,
BC and Philadelphia, PA: New Society Publishers, 1995.
|
